Poderes generales y usos desleales

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poderes generales

Sin duda, uno de los documentos más habituales en nuestro tráfico jurídico son los denominados poderes generales que, normalmente, se plasman en escritura pública. Un poder general, no es otra cosa que, aquel documento en virtud del cual una persona («poderdante»), faculta a otra persona («apoderado»), para que la represente y conduzca sus negocios u otro tipo de actividades en su propio nombre. 

Pues bien, debemos advertir que la habitualidad y abundancia de este tipo de poderes, no está reñida con la peligrosidad que para el apoderado puede tener la realización de un negocio jurídico de esas características. Por ello, nuestro consejo desde Legal Tag Abogados, es que, cuando sea necesario y en la medida de lo posible (y, obviando en este punto los poderes generales legalmente exigidos, como el poder para pleitos que se efectúa a favor de los procuradores), se firmen siempre poderes específicos y limitados a una actuación muy concreta

Dicha advertencia, que ya era plenamente aconsejable hasta hace dos meses, se torna hoy más necesaria que nunca, por cuanto el Tribunal Supremo ha cambiado recientemente la forma en la que venía interpretando el artículo 1.713 del Código Civil, referido al mandato. Hasta el pasado 27 de noviembre de 2019, nuestro Alto Tribunal consideraba (STS 5458/2013) que: 

 

«(…) el mandato representativo cuyo poder viene a referirse a un acto o actos de disposición, sólo alcanza a un acto concreto cuando éste ha sido especificado en el sujeto y el objeto, en forma bien determinada»

 

Es decir, si una persona otorgaba a otra un poder general y ésta última lo utilizaba para vender un inmueble propiedad del primero, dicha venta no sería eficaz en la medida en que no se hubiera especificado en el poder, la posibilidad de transmitir concretamente ese inmueble. Ahora bien, tras dictar el Pleno del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), la Sentencia 642/2019 a la que antes nos referíamos, dicho criterio ha cambiado pues considera ahora el Alto Tribunal que: 

 

«(…) si en el poder se especifica la facultad de realizar actos de «riguroso dominio» no es necesario que se especifiquen los bienes. En particular, si se documenta el poder de representación y se hace constar, entre otras, la facultad de ejecutar actos de enajenación no es preciso que, además, se especifiquen los bienes concretos a los que tal facultad se refiere. No hay ningún precepto que imponga tal exigencia que, por lo demás, no sería adecuada a la función que puede desempeñar la representación». 

 

De este modo una simple referencia a la facultad de transmitir o enajenar (con carácter general), servirá para dotar de validez a cualquier clase de transmisión, con independencia de que la misma no esté expresamente especificada en el poder. Ello, amplia el campo de actuación del apoderado y, por tanto, la inseguridad del poderdante. Ciertamente, este cambio jurisprudencial no conlleva necesariamente que el acto sea válido “per se”, pues cabría analizar si ha habido un uso abusivo del poder o si el adquirente ha obrado de mala fe. No obstante, estas cuestiones que, sin duda resultan más difíciles de probar, serán objeto de análisis en otro artículo. Entretanto, nuestra conclusión es clara, menos poderes generales y más poderes específicos sí se quieren evitar disgustos.  

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