IRPH 2020

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IRPH

La sentencia del IRPH, ya es una realidad. Tras largos meses de espera, hoy, miércoles 3 de marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante «TJUE») ha dictado Sentencia en la que [confirma lo que ya había sentado (de forma no vinculante) el Abogado General del propio TJUE (Maciej Szpunar) en fecha 10 de septiembre de 2019] contradiciendo de manera rotunda lo que el Tribunal Supremo estableció en su sentencia número 669/2017 de fecha 14 de diciembre en la que, en resumidas cuentas, validó la cláusula que referenciaba el préstamo hipotecario al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (en adelante, «IRPH») por tratarse de un índice oficial y, por lo tanto, excluido del control de la Directiva 93/13.

 

Concretamente, tres fueron las cuestiones que se plantearon en la cuestión prejudicial y que han sido objeto de análisis por el TJUE. La primera de ellas, se refería sencillamente a si es posible realizar el control de transparencia previsto en la Directiva 93/13 sobre la cláusula IRPH. Dicha posibilidad había sido previamente negada por la resolución del Tribunal Supremo antes citada (salvedad de dos de los magistrados que emitieron sendos votos particulares), por entender que dicho índice emanaba directamente de una disposición legal o reglamentaria imperativa, siendo por tanto su aplicación obligatoria. 

 

No obstante, la realidad, que ya fue anunciada por el Abogado General y que ha sido confirmada por el TJUE, es que dicha cláusula, por más que emane de una disposición legal, no es en ningún caso de inclusión obligatoria existe ninguna normativa que obligue a utilizar uno de los índices de referencia publicados por el Banco de España. Existen al menos seis índices de referencia y, la entidad bancaria, tiene libertad plena para ofrecer cualquiera de ellos, de modo que el IRPH no es un índice de carácter imperativo, sino que se trata de una opción más que puede proponer la que entidad bancaria y de la que debe informar con claridad a cualquier potencial cliente. Y es aquí, precisamente en esa falta de información, tal y como pasó con las ya famosas cláusulas suelo, donde va a estar la clave de los incontables litigios que están por venir. Dice el literal de la Sentencia que: 

 

 «En consecuencia, la referencia al IRPH de las cajas de ahorros en la cláusula controvertida para el cálculo de los intereses adeudados en el marco del contrato sobre el que versa el litigio principal no es el resultado de una disposición legal o reglamentaria imperativa, en el sentido de la jurisprudencia que se ha recordado en los apartados 31 y 32 de la presente sentencia. Por ello, sin perjuicio de que el juzgado remitente compruebe este extremo, la cláusula sí está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13».

 

En segundo lugar, otra de las cuestiones planteadas, ha sido relativa a la existencia en la Directiva 93/13 de una excepción o límite para que el juez pueda pronunciarse respecto de la abusividad de una cláusula. Concretamente, nos referimos a la imposibilidad de apreciar el carácter abusivo de una estipulación cuando por un lado define el objeto principal del contrato y, por otro, cuando se refiere a la adecuación entre precio y retribución y/o a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida. Ciertamente, dicha limitación existe en la normativa comunitaria. 

Ahora bien, no es menos cierto que la normativa comunitaria (no transpuesta en este punto al ordenamiento español), establece que dicha limitación solo opera cuando las cláusulas han sido redactadas de manera clara y comprensible. No obstante lo anterior, que una cláusula no haya sido transpuesta a nivel interno, no significa que no deba aplicarse, pues eso supondría un detrimento de los derechos de los consumidores y un agravio comparativo con respecto a los consumidores y usuarios de otros Estados Miembros. Por tanto y como ya señalábamos en el primer punto, nuevamente la clave en este aspecto, va a girar entorno al control de transparencia y sobretodo, en determinar si la información que ofreció la Entidad Bancaria, puede o no, reputarse suficiente. Dispone concretamente el Tribunal que: 

 «De ello se deduce que la referida exigencia se aplica en cualquier caso, incluso cuando una cláusula está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva y aun cuando el Estado miembro de que se trate no haya transpuesto esta disposición. Tal exigencia no puede reducirse únicamente al carácter comprensible de la cláusula contractual en un plano formal y gramatical (sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 71)».

 

Finalmente, la tercera cuestión que se planteó, tiene que ver con cuales son las consecuencias de una hipotética declaración de nulidad del IRPH. Al efecto, debemos señalar que dicho punto quedó pendiente en las conclusiones del Abogado General y ha sido precisamente el THJUE quién ha dado respuesta a una cuestión que sin duda es clave, señalando que el IRPH podrá ser sustituido por otros índices. Concretamente, ha establecido el Tribunal lo siguiente: 

 

«Pues bien, de la respuesta a la tercera cuestión prejudicial resulta que, en caso de declaración de nulidad de cláusulas como la controvertida, el juez nacional quedará facultado, en las condiciones que se han recordado en el apartado 67 de la presente sentencia, para sustituir el índice adoptado en la cláusula en cuestión por un índice legal que sea aplicable a falta de acuerdo en contrario de las partes del contrato».

En conclusión, debemos señalar que, de conformidad con la sentencia de hoy, los tribunales españoles deberán asegurarse del carácter claro y comprensible de las cláusulas de contratos de préstamo hipotecario que establezcan la aplicación de un tipo de interés variable basado en el índice de referencia de las cajas de ahorros, sin que los efectos de dicha sentencia, estén limitados en el tiempo. 

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